jueves, 12 de marzo de 2015

SÍNTESIS MUNDO LABORAL/JUEVES 12 DE MARZO DE 1015

 JUEVES 12 DE MARZO DE 2015





SINDICALES

Salario contractual aumentó 4.3% nominal en febrero de 2015
·         En términos reales el salario contractual reportó un incremento de 1.31%, el más alto de los últimos 13 años, toda vez que en 2002 reportó un alza de 2%, informó la STPS.
EL FINANCIERO/Zenyazen Flores/Jueves 12 de marzo de 2015
El salario contractual registró un aumento promedio de 4.3 por ciento nominal en la jurisdicción federal en febrero de 2015, indica el reporte mensual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El aumento salarial otorgado por las empresas a trabajadores sindicalizados o bajo un contrato colectivo, es ligeramente menor al registrado en febrero de 2014, cuando se ubicó en 4.4 por ciento, y el más bajo desde 2009, año en que se incrementó en 4.1 por ciento.
Por el contrario, en términos reales el salario contractual reportó un incremento de 1.31 por ciento, el más alto de los últimos 13 años, toda vez que en 2002 reportó un alza de 2 por ciento.
La ganancia en términos reales es atribuible a que en el segundo mes del 2015 la inflación se situó en 3 por ciento anual, nivel dentro del objetivo del Banco de México (Banxico) que se consiguió por la baja en algunos precios de los servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los datos de la STPS indican que en febrero se realizaron 758 revisiones salariales contractuales, 8 por ciento menos que las registradas en igual mes de 2014, cuando se efectuaron 822.
Mientras que el número de trabajadores implicados en las revisiones del segundo mes del año ascendió a 204 mil 654, que es un decremento de casi mil personas respecto de febrero de 2014.
Del total de las 758 revisiones, 51 por ciento o 389 revisiones correspondieron a la industria manufacturera; 26 por ciento o 194 al sector de transportes, correos y almacenamiento, y 11 por ciento u 80 al sector de comercio.
Asimismo, 6 por ciento o 45 de las revisiones fueron en el sector de servicios financieros y de seguros, y el restante 6 por ciento se reparte en sectores como minería, agricultura, construcción, servicios profesionales, principalmente.
Cabe mencionar que para este 2015 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) fijó un alza al salario mínimo de 4.2 por ciento, porcentaje que las empresas y organizaciones sindicales han utilizado como "piso" para negociar sus incrementos salariales durante los dos primeros meses del año.
En el mes de febrero se realizó la firma del Contrato Ley de la Industria de la Transformación del Hule en Productos Manufacturados, el cual incluyó un aumento de 5 por ciento directo al salario en beneficio de 5 mil trabajadores del ramo y la inclusión de una cláusula de productividad.
Sandak desmantela planta que le ordenaron reabrir
·         El equipo era garantía de pago: sindicato
LA JORNADA/Patricia Muñoz Ríos/Jueves 12 de marzo de 2015
“Apoyada por funcionarios del gobierno de Tlaxcala”, la trasnacional Bata, propietaria de Calzado Sandak, ha operado para encarcelar, perseguir judicialmente a trabajadores y desmantelar la empresa de manera ilegal y con “violencia”.
Con grúas y transporte pesado ha estado llevándose maquinaria, equipo y mobiliario que quedaron como crédito laboral en el juicio que interpusieron los trabajadores.
El desmantelamiento se realiza a pesar de que no se ha resuelto el amparo en revisión que sigue el tribunal colegiado de circuito del vigésimo octavo circuito, en el expediente RT.285/2014, interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de Calzado Sandak.
Según informó Eduardo Díaz Reguera, apoderado legal del gremio, el pasado día 10, representantes de la empresa ingresaron de manera violenta a las instalaciones de la firma, llevando equipo pesado, grúas y transporte de alto tonelaje para sacar la maquinaria de Calzado Sandak y otros bienes, los cuales representan para los trabajadores la garantía de pago en el juicio que siguen a la empresa.
Díaz Reguera señala que, en primer término, el juicio sigue en manos de un tribunal; en segundo, desde el 10 de agosto de 2012 una instancia laboral ordenó la reapertura de la firma, ubicada en el kilómetro 80 de la carretera federal México-Veracruz, resolución que la empresa se ha negado a cumplir, y en tercero, en lugar de resolver este conflicto, Sandak lo ha ahondado con el encarcelamiento y persecución legal de trabajadores, explicó.
Sostuvo que los empleados no pudieron detener las acciones de la empresa, que incluso el pasado 8 de febrero mandó gente a sacar equipo. Dijo que además el 20 de enero encarcelaron a Epifanio García Carrillo, quien era secretario de trabajo del sindicato de Sandak, y hay orden de aprehensión contra otros nueve empleados.
Jubilados de Ferronales aún aportan al seguro de vida que se niegan a pagarles
·         El gremio de Víctor Flores recibe más de $1 millón al mes por ese rubro
LA JORNADA/Patricia Muñoz Ríos/Jueves 12 de marzo de 2015
El Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (Stfrm), que dirige Víctor Flores Morales, argumenta que no tiene recursos para pagar el fideicomiso del seguro de vida a más de 3 mil deudos de trabajadores fallecidos, porque “quebró” el fondo creado para tal propósito.
No obstante, a los jubilados les siguen descontando ese seguro de vida, al que aportan mensualmente un millón 312 mil pesos, denuncia la Federación de Ferrocarrileros Jubilados AC. Puntualiza que actualmente se descuentan 41 pesos a 32 mil empleados por el seguro de vida, lo que significa más de un millón de pesos de ingresos por este concepto, con el que bien se podría pagar a los familiares de los fallecidos.
Sin embargo, señala, no hace ningún pago a los deudos, los “trae vuelva y vuelta”. El Stfrm argumenta que es el gobierno federal el que debe darle recursos para cubrir el adeudo, pues “el fideicomiso quebró”. Afirma que se han realizado diversas reuniones de viudas, hijos y demás deudos de los trabajadores fallecidos con representantes del sindicato, y en todas la respuesta es la misma: no hay dinero y están en espera de que el gobierno federal les autorice recursos para poder liquidarles los 59 mil pesos (pago único) de este seguro.
Señala que canalizar recursos del erario para el pago de fideicomisos de un sindicato es proteger la impunidad y el inminente fraude cometido por el gremio que dirige Víctor Flores. Además de que estaría tomando dinero de los mexicanos para “proteger la corrupción” del comité que encabeza este “líder sindical”.
Asimismo, indicó que exigieron formalmente a Ferrocariles Nacionales que ya no retenga las cuotas sindicales de los jubilados, pues el sexto tribunal colegiado en materia de amparo del primer circuito concedió por unanimidad el amparo en favor de los ex trabajadores y ordenó la suspensión inmediata de la entrega de estos recursos al gremio, debido a que los jubilados dejaron de ser parte del Stfrm, ya que desde hace años la misma organización los dejó fuera del “estatuto sindical”, pese a lo cual Ferronales les descontó uno por ciento de sus ingresos por cuotas y se los entregó al comité de Víctor Flores. Estiman que en total se le entregaron 600 millones de pesos por este concepto.
En México los obreros no tienen derechos y en EU viven bajo amenaza: Gómez Urrutia
·         Llama el líder minero a los gremios de ambos países a luchar juntos por la justicia
·         El retiro de “cargos falsos contra Napoleón”, gran victoria para la democracia sindical: AFL-CIO
LA JORNADA/De la Redacción/Jueves 12 de marzo de 2015
“Mientras los trabajadores mexicanos no tienen derechos, los de de Estados Unidos están bajo amenaza”, señaló ante el congreso de la AFL-CIO (American Federation of Labour Congress of Industrial Organization), el secretario general del sindicato nacional de mineros, Napoleón Gómez Urrutia.
El dirigente mexicano participó en la pasada reunión anual de esta central sindical internacional, la cual tiene 13.5 millones de trabajadores afiliados, la cual tuvo lugar en Atlanta, Georgia.
Durante el encuentro, el presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, señaló que con el apoyo de la federación, de los steelworkers y del movimiento mundial laboral, “Napleón ha vencido los cargos falsos en su contra y está aquí con nosotros. Esta es una gran victoria para la democracia sindical y la solidaridad internacional”.
Trumka, quien dio la bienvenida al dirigente minero a su congreso anual, indicó que en 2011 Gómez Urrutia ya había recibido el premio Meany-Kirkland en derechos humanos, pero no pudo estar presente en la ceremonia debido a “las acusaciones ilegales presentadas en su contra por el gobierno de México”.
Durante su participación en el foro, el líder minero señaló que los bajos salarios y la represión que sufren los trabajadores en México también lastiman a los trabajadores de Estados Unidos, porque la mano de obra barata crea incentivos injustos para trasladar plantas industriales estadunidenses a este país.
Además, dijo, al estar deprimidos los salarios de los obreros mexicanos, también se reducen las exportaciones de productos estadunidenses, por lo que llamó a que los gremios de las dos naciones luchen juntos por la justicia y contra la desigualdad.
Expuso que mientras el sindicato minero duplicó los salarios reales de sus miembros en la década pasada, la mayoría de los trabajadores mexicanos tienen que aguantar sueldos de miseria y enfrentan represión cuando intentan unirse a gremios democráticos.
Planteó también detener el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica y exigir reformas laborales reales en México y Estados Unidos.
Cimbra escándalo de acoso y abuso a Corte
·         La Contraloría Interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indaga alrededor de 20 quejas contra directivos y personal de mando del Canal del Poder Judicial de la Federación, por presuntos actos de abuso laboral y sexual
EL UNIVERSAL/Elena Michel/Jueves 12 de marzo de 2015
La Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indaga al menos 20 quejas iniciadas contra directivos y personal de mando del Canal Judicial, que contienen acusaciones de abuso laboral, como excesivas cargas de trabajo y abuso sexual, lo que derivó en la remoción de su director Enrique Rodríguez Martínez; Francisco Barradas Ricardez, subdirector general de Información, y Alberto Villa Dávalos, director de área.
El área interna de investigación administrativa acudió el fin de semana pasada a realizar una revisión a las oficinas de redacción del canal institucional del Poder Judicial de la Federación y encontró un paquete de cocaína en uno de los cubículos, sin que hasta ahora se haya dado a conocer el nombre del servidor público que ahí despachaba, por lo que las autoridades dieron vista al Ministerio Público de la Federación.
Autoridades judiciales indicaron que la Contraloría está en el periodo de investigación de las quejas iniciadas por trabajadores actuales y ex trabajadores del canal y la Procuraduría General de la República (PGR) determinará si el gramaje de cocaína no supera el permitido para uso personal.
Trabajadores han denunciado anónimamente también que en la redacción del Canal Judicial, Francisco Barradas solía consumir alcohol y maltratar a su personal, imponiendo cargas de trabajo más pesadas a aquellos con los que no se llevaba bien.
En medio de estos señalamientos, hace 15 días renunció Marco Silva, otro directivo del canal, quien hace dos años había sido acusado públicamente por acosar sexualmente a una mujer y a quien se le imputa enviar fotografías a sus empleadas de él desnudo frente a un espejo, imágenes que fueron presentadas como evidencia.
Silva era mano derecha del director general del Canal Judicial, Enrique Rodríguez, quien luego de ocupar este cargo por más de seis años, entrega su oficina oficialmente este viernes.
Rechaza responsabilidad. Al respecto, Enrique Rodríguez explicó que él es “un hombre íntegro, honesto e institucional” y aseguró que en el canal no se han lesionado los derechos de ningún trabajador y confió en que a él no le encontrarán nada en estas indagatorias.
Al hablar con EL UNIVERSAL admitió que “desafortunadamente el Canal Judicial vive una situación crítica que lamento profundamente, generada por comentarios anónimos y algunas denuncias formales, que en mi caso, carecen de pruebas. Se me ha informado que no hay señalamientos directos en mi contra, sino declaraciones generalizadas. Quiero reiterar de manera enfática que la figura del director general no ha sido señalada. Soy un hombre íntegro y honesto, y lo he demostrado”, aseguró.
¿Usted encubrió alguna de estas situaciones? —se le cuestionó.
El ex funcionario sostuvo que “jamás encubriré conducta irregular de un funcionario público. Si en el camino, en la auditoría que yo solicité hace algunas semanas, algunos funcionarios fueron señalados, cometieron errores y se les demuestra, lo cual lamento, tendrán las vías para defenderse. El director general del Canal Judicial no ha sido señalado”.
El ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, determinó solicitar la dimisión de los servidores públicos del canal ante las quejas presentadas en la gestión de su antecesor, el ministro Juan Silva Meza, y que ahora están siendo investigadas.
Autoridades judiciales reconocieron que “se hizo insostenible la presencia de este equipo por el ambiente laboral que se generó”, pero se dejó en claro que no se está prejuzgando sobre la responsabilidad que pudieran tener o no en torno a los hechos que derivaron en una veintena de quejas.
Las acusaciones datan —en algunos casos— de un par de años, pero hasta ahora sólo hay un funcionario sancionado, mientras que dos afectadas han sido reubicadas en otras áreas.
En julio del año pasado la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer, Rashida Manjoo, visitó las instalaciones de la Suprema Corte. En medio de una conferencia de prensa, escuchó las quejas de dos trabajadoras del Canal Judicial.
Se trató de Brenda “N” y Jessica “N”, quienes fueron reubicadas en otras áreas de la SCJN como medida cautelar, luego de iniciar sus quejas contra los funcionarios.
Una de ellas era la secretaria del director general, Enrique Rodríguez Martínez, y denunció acoso laboral. La otra joven acusó de hostigamiento sexual y laboral al entonces postproductor Marco Antonio Álvarez Borja, quien fue removido de su cargo.
Presuntas anomalías
La prepotencia y el nepotismo del que acusan a Rodríguez y su equipo “salpicó” a otras instituciones. La esposa del ex director general del Canal Judicial, Mónica Mateos Trejo, tiene una plaza de nivel menor en la Dirección Desarrollo de Medios del Senado de la República. En 2010, Mateos Trejo aparecía en la nómina del Canal Judicial como asesora y conservaba su plaza en la Cámara Alta. No existe registro de que ella haya solicitado licencia para desempeñar su labor en el Canal Judicial. Cuando se inauguró la nueva sede del Senado, Rodríguez exigió al área de Comunicación Social darle a su pareja un lugar de estacionamiento en el nuevo edificio y amenazó con que si en ese espacio no se le resolvía el tema lo llevaría a instancias mayores.
Denuncia despido de una tienda del Issste por estar embarazada
·         El pretexto fue que se negó a correr a un empleado, acusa Elizabeth
·         La afectada se quejó en el Conapred; silencio en el instituto sobre el caso
LA JORNADA/Ángeles Cruz Martínez/Jueves 12 de marzo de 2015
Por negarse a correr a un trabajador, Elizabeth perdió su empleo como gerente de una tienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Esa fue la excusa, pero ella afirma que la verdadera razón es su embarazo de 26 semanas. No hay motivo legal ni laboral para que cesara al empleado como le pedían los directivos del instituto, dice.
En cambio, correrla a ella fue lo más fácil porque, “como ocurre con el personal de confianza”, ha firmado tres veces su renuncia sin fecha; la más reciente fue el pasado 9 de febrero durante una visita de supervisión. Ese día le cuestionaron sobre su situación personal, en particular sobre su embarazo, comenta la afectada.
Elizabeth ocupaba desde marzo de 2014 el puesto de gerente en la tienda SC-076 “semicentro Issste”, ubicada en Irapuato, Guanajuato. Asegura que en enero pasado se llevó a cabo el inventario del establecimiento y salió con buenos resultados y una “merma mínima”.
Luego vino la supervisión donde los funcionarios del instituto se sorprendieron por su gravidez. Unos días después le solicitaron que despidiera a uno de sus colaboradores, a lo que se negó.
Casi enseguida, Elizabeth presentó algunas complicaciones en su embarazo que ameritaron días de incapacidad laboral a partir del 28 de febrero. Al regresar, el pasado sábado 7 de marzo, se enteró de que ya no era la gerente ni se le permitió el acceso a su lugar de trabajo. Ante ello, presentó una queja en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Consultado sobre el tema, el Issste no dio ayer respuesta alguna a este diario.
Con asesoría legal del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Elizabeth evalúa la posibilidad de iniciar un juicio laboral, al que tendría que asistir el instituto para explicar las razones del despido y, sobre todo, comprobar de manera fehaciente que el embarazo no fue la causa.
El GIRE refiere datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2011, la cual reportó que al menos a 845 mil 308 mujeres las despidieron, no les renovaron el contrato o les bajaron el salario por motivos de embarazo a lo largo de su vida.
También encontró otros tipos de discriminación contra las mayores de 15 años que alguna vez han trabajado. De ellas, 14.9 por ciento declararon haber pasado por alguna de estas situaciones: les pidieron certificado de ingravidez para obtener el empleo o las corrieron por embarazarse.
Sindicato de Libertad emplaza a huelga
·         A la fecha, el sindicato da cuenta de 120 expedientes individuales que mantienen un juicio en contra de Libertad por despido injustificado. Se trata de personas que se habrían opuesto a firmar con Elvag Central Impulsora SA de CV.
EL ECONOMISTA/Lourdes Durán Peñaloza/Jueves 12 de marzo de 2015
El sindicato de trabajadores en Querétaro de Libertad Servicios Financieros, una de las sociedades financieras populares (sofipos) más grandes del país, emplazó a huelga para el próximo 24 de marzo. Ayer, el sindicato anunció que de no llegar a un acuerdo con el consejo de administración de la institución financiera, los más de 550 trabajadores con los que cuenta en el estado de Querétaro harán valer su derecho colectivo de huelga y colocarán las banderas rojinegras en las 100 sucursales con que cuenta Libertad Servicios Financieros.
La fecha de estallamiento está anunciada para el primer minuto del 24 de marzo.
Yvette Coutiño Audiffred, apoderada legal del sindicato de trabajadores de Caja Libertad, Cajas de Ahorro y Populares, Similares y Conexos del estado de Querétaro, demandó el pago de 130 millones de pesos, cantidad correspondiente a prestaciones no cubiertas de mayo del 2013 a la fecha.
Las inconformidades del sindicato representado por Coutiño Audiffred se remontan, precisamente, a esta fecha. Desde entonces los trabajadores de Libertad dejaron de recibir una serie de prestaciones establecidas en el contrato original vigente que está depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dijo.
De acuerdo con Coutiño, escudado en argucias legales, el Consejo de Administración de la sofipo debe pagar, sin soporte jurídico alguno, beneficios como fondo de ahorro, ayuda para transporte, uniformes, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, vales de despensa, un bono anual, incentivos por productividad y ayuda alimenticia, entre otros.
“Para estas personas fue muy sencillo dar de baja a la gente que trabajaba para Libertad y darlos de alta como trabajadores de una subcontratadora denominada Elvag Central Impulsora, con prestaciones mínimas de ley (...), lo que nosotros estamos reclamando es el cumplimiento del contrato a ambas empresas”, demandó.
A la fecha, el sindicato da cuenta de 120 expedientes individuales que mantienen un juicio en contra de Libertad por despido injustificado. Se trata de personas que se habrían opuesto a firmar con Elvag Central Impulsora SA de CV.
Desconocimiento
A la pregunta expresa sobre si Martín Díaz Álvarez es el responsable de haber desencadenado la bola de nieve arrastrada desde mayo del 2013, Coutiño Audiffred respondió que sí. Martín Díaz Álvarez, señalado como presunto defraudador por el caso Oceanografía, asumió la presidencia del Consejo de Administración de la sofipo en diciembre del 2012, en sustitución de José Antonio Rico. Coutiño acusó que Díaz Álvarez llegó al consejo de manera unilateral y decidió desconocer el contrato colectivo entre el sindicato y Libertad que se celebró en el 2002. Luego renunció a la presidencia en marzo del 2014. Carlos Septién Michel lo sucedió en el cargo. A nivel nacional, Libertad Servicios Financieros emplea a alrededor de 1,300 trabajadores; por sí solo, Querétaro concentra cerca de 50% de la plantilla laboral que suma la sociedad financiera en el país.
LABORALES

Pese a prohibiciones, 3 millones de niños trabajan sin pago o en riesgo
·         Otros 30 mil efectúan diversas funciones para el crimen organizado, alertan en foro
·         Se carece de políticas públicas que aterricen los esfuerzos para erradicar el problema, resalta Save the Children
·         Tlachinollan documenta muerte de 39 menores en labores agrícolas en 8 años
LA JORNADA/Fernando Camacho Servín/Jueves 12 de marzo de 2015
A pesar de que en años recientes se presentaron diversas iniciativas legales para erradicar el trabajo infantil, en los hechos existen millones de niñas y niños que laboran en condiciones riesgosas o sin pago alguno, tanto en el campo como en la ciudad, lo que amenaza su vida y su integridad.
Así lo advirtieron los participantes en el foro Los rostros del trabajo infantil en México. Nashieli Ramírez, coordinadora general de la organización Ririki Intervención Social, indicó que en los pasados tres años se lanzaron gran cantidad de proyectos para terminar con la explotación de menores de edad y proteger a los adolescentes que están en edad laboral, pero ninguno ha logrado terminar de manera real con este fenómeno.
“Hemos visto mucha infraestructura y arreglos institucionales, pero aún tenemos a muchos niños trabajando en labores peligrosas. Una tercera parte de ellos trabaja en la agricultura, que es una actividad pesada y riesgosa, donde hay jornadas de más de 12 horas, se requiere de mucha fuerza y están expuestos a fertilizantes y químicos”, subrayó la especialista.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013, en el país hay alrededor de 3 millones de niñas y niños que trabajan en diversas actividades, sobre todo en el campo, la minería y el comercio informal, pero se calcula que puede haber un millón más de infantes en dichas condiciones, indicó.
A ellos habría que sumar a los 30 mil menores que realizan diversas funciones para grupos del crimen organizado –muchos de manera forzada– en muchas partes de la República, pero sobre todo en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán.
En el campo, los más vulnerables
Margarita Nemecio, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aseveró que los niños migrantes que hacen labores de jornaleros agrícolas son uno de los sectores más vulnerables, debido a las condiciones de opacidad en que trabajan y a la intimidación de los empleadores en contra sus padres cuando muere algún menor.
“Sigue habiendo miles de niñas y niños que ponen en riesgo sus vidas en campos agrícolas, donde hay condiciones de alto riesgo. Hemos identificado 17 entidades a donde familias originarias de Guerrero se van a trabajar, donde las inspecciones laborales no son tan rigurosas o los menores incluso trabajan en sitios casi clandestinos”.
Un ejemplo del riesgo que corre la población infantil en actividades agrícolas, fue la muerte de 39 menores en accidentes de trabajo o por las duras condiciones laborales del campo, que fueron documentadas por Tlachinollan entre enero de 2007 a enero de 2015.
De esos 39 casos, abundó Nemecio, 16 ocurrieron en Sinaloa y los demás en los estados de México, Sonora, Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco. Las víctimas tienen desde unos días de nacidos hasta 17 años, y el común denominador es la mala atención médica, que no reciben indemnización y son hostigados para evitar que denuncien.
Alfonso Poiré, del colectivo Save the Children, coincidió en que las autoridades han emitido gran cantidad de leyes y reglamentos para erradicar el trabajo infantil, pero no hay todavía una serie de políticas públicas que aterricen de manera efectiva estos esfuerzos.
Aunque enfatizó el carácter ilegal de estas actividades, el especialista destacó que en muchas ocasiones las familias recurren a ellas como un elemento de supervivencia y, por lo tanto, llamó a no criminalizarlas, puesto que se provocaría mayor invisibilidad de las mismas sin que el problema sea solucionado.
Avanzó 2.6% productividad laboral al cierre de 2014
EL SOL DE MÉXICO/Redacción/Jueves 12 de marzo de 2015
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en el cuarto trimestre de 2014 el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE), con base en horas trabajadas, se colocó en 105.2 puntos, lo que implicó un avance de 2.6 por ciento a tasa anual.
Por medio de un reporte, el instituto encabezado por Eduardo Sojo precisó que por grupos, la productividad laboral en las actividades terciarias aumentó 3.7 por ciento, mientras que en las secundarias 0.6 por ciento y en las primarias repuntó 0.4 por ciento.
Según cifras desestacionalizadas, el IGPLE, con base en horas trabajadas, avanzó 0.6 por ciento en octubre-diciembre de 2014 frente al trimestre inmediato anterior.
Por sector, durante el cuarto trimestre del año pasado la productividad laboral con base en horas trabajadas creció 4.3 por ciento a tasa anual en las empresas constructoras, 2.1 por ciento en los establecimientos manufactureros y 0.4 por ciento en el comercio al por menor.
En tanto, en el comercio al por mayor no se observó variación en el cuarto trimestre de 2014 con relación al mismo periodo de 2013, abundó el organismo en un comunicado.
Apuntó que el costo unitario de la mano de obra por hora trabajada mostró una disminución de 8.8 por ciento a tasa anual en las empresas constructoras, de 2.2 por ciento en los establecimientos manufactureros y en el comercio al por mayor (con base en el personal ocupado) reportó una caída de 0.6 por ciento.
Durante el periodo en cuestión, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía con base en horas trabajadas registró en 2014 un aumento de 1.8 por ciento respecto a 2013.
EMPRESARIALES

La OIT denuncia la detención de al menos quince grandes empresarios en Venezuela
·         La Organización Internacional del Trabajo interpela también al gobierno de Nicolás Maduro por la «ocupación» e incautación de comercios
abc.es/Ludmila Vinogradof-EFE/Jueves 12 de marzo de 2015
CARACAS.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT, dependiente de Naciones Unidas) ha comunicado al gobierno de Venezuela su «profunda preocupación» por la reciente detención «sin debido proceso y sin derecho de defensa» de al menos quince grandes empresarios y responsables de firmas vinculadas con la distribución de medicamentos, atención hospitalaria y alimentación. En una carta dirigida a la ministra de Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, a la que ha tenido acceso ABC, el director general de la OIT, Guy Ryder, señala asimismo que la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) han denunciado «la ocupación de toda la red de productos y supermercados Día a Día» que han sido transferidos a la cadena de establecimientos del Estado tras su incautación.
Ryder subraya «la gravedad de los hechos denunciados» por cuanto las arbitrarias medidas adoptadas por el Ejecutivo venezolano «pueden crear un clima de intimidación que obstaculice el desarrollo normal de las actividades de organizaciones de empleadores y sus miembros».
En el mismo sentido, el director de la OIT señala que la detención de empresarios e incautación de empresas «se opone al ejercicio de libertad de asociación y de los derechos consagrados en el Convenio número 87» de la organización. Entre los empresarios detenidos se encuentran Carlos Rosales Briceño, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, y Luis Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios.
La OIT, la OIE (Organización Internacional de Empleadores) y Fedecámaras se hacen eco asimismo del «contexto de intimidación y persecución y de falsas acusaciones de guerra económica y de intento de desprestigiar y sabotear al gobierno».
En los últimos tiempos, el gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado la detención de varios responsables y administradores de comercios a los que culpa de la cada vez más grave escasez de productos y a quienes acusa de «sabotaje», acaparamiento de bienes y «guerra económica» para desgastar al régimen. Los empresarios, sin embargo, denuncian que la escasez es resultado de una economía dirigida desde el Estado que, a través de los controles de cambios y de precios, han conseguido distorsionar por completo el funcionamiento de la economía del país.
Estas detenciones y el modo de proceder del Gobierno venezolano, obsesionado con controlar no solo la economía venezolana, sino también con acabar con cualquier tipo de oposición en el país son causa del cada vez mayor aislamiento internacional del régimen. La OIT se convierte así en uno más de los organismos internacionales que se vuelven contra el chavismo y sus métodos dictatoriales.
Cacería de brujas
Los problemas para el sector del consumo y la distribución comenzaron con la Ley Orgánica de Precios Justos que permite acosar y encarcelar a los empresarios. Pero la tipificación de los delitos de «boicot» y «desestabilización» es totalmente inconstitucional y viola todos los convenios internacionales que el país ha firmado con la OIT y la OIE. «Se han realizado inspecciones hostiles a los establecimientos comerciales y centros de abastecimiento. Más de quince empresarios de distintos sectores y regiones del país fueron detenidos y encarcelados acusados de presunto boicot y desestabilización económica», explica Jorge Roig, presidente de Fedecámaras. El método que utilizan los fiscales en la inspección oficial es intimidar, acosar y perseguir a los propietarios y gerentes de las grandes cadenas de supermercados, farmacias, centros de distribución de alimentos y droguerías bajo el pretexto de un supuesto acaparamiento de los productos.
Los inspectores oficiales llegan al establecimiento, observan la cantidad de mercancía existente, revisan las facturas y órdenes de compra, y si la empresa no tiene las guías oficiales de despacho emitidas por el gobierno, les aplican la ley, con todo lo que esta significa de cárcel y sometimiento al escarnio público. La pena por acaparamiento es de cinco años de cárcel y de siete si se les condena por el delito de «desestabilización económica», incluido en la supuesta «guerra económica» denunciada por Maduro. En la mencionada ley de Precios Justos no hay reglamento, por lo que su aplicación es arbitraria por parte del fiscal.
«Los empresarios tienen miedo a caer en manos de la ley», dice Roig, quien subraya: «A los empresarios encarcelados se les ha dificultado el derecho a la defensa y al debido proceso judicial». La situación de los empresarios con Maduro es cada vez más apurada, denuncia Roig: «Ahora, con la petición de los poderes especiales que ha solicitado a la Asamblea Nacional para enfrentar las sanciones que ha decretado el presidente Obama contra algunos funcionarios venezolanos, las cosas van a empeorar».
“No somos políticos”
Se teme que, con sus poderes especiales, el gobierno venezolano recrudezca las represalias y la represión contra empresarios y opositores bajo la excusa de estar luchando contra una conspiración liderada por EE.UU. Jorge Roig recuerda que los empresarios «no somos políticos» y solo tiene una petición: «Déjenos trabajar en paz necesitamos reglas del juego justas y no la ley de Precios Justos».
Para avanzar en las soluciones de la crisis, también solicita reanudar el diálogo de los empresarios con el gobierno, roto desde hace meses porque Maduro ha privilegiado la agenda política por encima de la económica. «La agenda política es la que más ruido hace e impide que salgamos de la crisis».
Entre los empresarios más conocidos encarcelados están Carlos Rosales y Luis Rodríguez, que invirtieron todo su capital en crear la cadena «Practimercados Día a Día» en las zonas populares. El gobierno confiscó estos establecimientos porque abastecía a los bastiones chavistas y eso le iba a restar los votos, señalan fuentes opositoras. Otro caso emblemático es el de la cadena Farmatodo. Los inspectores encarcelaron al presidente ejecutivo, Pedro Luis Angarita Azpúrua. El motivo que alegaron es que se hacían largas colas en esas farmacias porque los dueños no habían contratado suficientes cajeras para atender a tanta clientela.
Vamos por nueva política industrial
·         Refiere que para crecer a 6% en cinco años, a la planta productiva le falta mayor contenido nacional y aportar 60% del valor agregado.
EL ECONOMISTA/Lilia González/Jueves 12 de marzo de 2015
La planta productiva de México vive un momento “complejo”, pues si bien conserva una tendencia de crecimiento se debe a que somos un país manufacturero, lo cual no ha sido suficiente para que la industria mexicana se convierta en un líder mundial, porque falta aumentar el contenido nacional de sus productos y aportar por lo menos 60% en valor agregado, que hoy, es de apenas 5%, integrando los servicios, asevera Manuel Herrera Vega, presidente entrante de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
El empresario jalisciense del negocio joyero tomará protesta como dirigente de la Industria en México. Afirma que cuenta con un as bajo la manga para impulsar al aparato productivo nacional: una “gran alianza por una política industrial de nueva generación”, que permita aprovechar el bono demográfico de los jóvenes y su talento, además de generar agendas regionales de poner “en blanco y negro” los flancos para ser más competitivos.
Entrevistado por El Economista, el industrial apuesta a emprender la reindustrialización de México, al poner a trabajar todos sus motores, puesto que se opera a una capacidad instalada de 79.5%, cifra menor a la registrada en el 2012. Además, agrega, se tomará como base las reformas estructurales recién aprobadas, la vocación exportadora, la posición geográfica e infraestructura, pero en especial su talento, que es enviado a otros países dando valor agregado a otras naciones, sin beneficios para México.
“Si pudiéramos tener este proyecto, la industria podría crecer entre 6 y 7% anual en los próximos cinco años. Y en 10 años podríamos dar la vuelta al aprovechamiento del bono demográfico y México se podría posicionar entre los liderazgos mundiales en materia económica”, asevera Herrera Vega.
¿Cuál será el rol de la industria nacional ante la llegada de inversiones en sectores altamente exportadores, como el automotriz o aeroespacial?
Eso representa oportunidad para desarrollar nuevas empresas y proveeduría en empresas mexicanas. Esto significa que el gobierno implemente políticas públicas.
El presidente de la Concamin abunda en que los recursos económicos del Inadem, de la Secretaría de Economía, Nafin, Bancomext, así como de los gobiernos locales, serán una punta de lanza para desarrollar proyectos. “Iríamos por tiros certeros a proyectos que tengan viabilidad de sustituir importaciones y generar valor, que el dinero se quede en el país”; y es que agrega la mayor parte de los insumos tecnológicos que usan las industrias son importados y nuestro producto se manufactura con un menor valor.
El joven empresario sostiene que quizá la industria ya cuente con fundamentales para desarrollar una política industrial, pero el error en el que se ha caído es carecer de un esquema de monitoreo que permita observar las deficiencias o bien sus ventajas del financiamiento, la legalidad, infraestructura, costos, mano de obra, logística, acceso de mercados internacionales, y sobre todo en la innovación.
Grupo Radio Centro y Cadena Tres ganan cadenas de televisión
·         Las empresas de Francisco Aguirre y Olegario Vázquez obtienen una cadena nacional cada una; Radio Centro obtuvo la máxima puntuación posible en la licitación.
CNNExpansión.com/Ilse Santa Rita/Jueves 12 de marzo de 2015
Grupo Radio Centro y Cadena Tres ganaron la licitación por las dos nuevas cadenas de televisión abierta, por lo que cada empresa tendrá una, anunció este miércoles el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en conferencia de prensa.
Radio Centro obtuvo 100 puntos de 100 posibles en el concurso, mientras que Cadena Tres 83, dijo Gabriel Contreras, comisionado presidente del IFT.
La empresa de Francisco Aguirre propuso 3,058 millones de pesos por una de las cadenas, con la que pretende atender a una población de 106.3 millones de habitantes, dijo el organismo más temprano.
Cadena Tres, presidida por Olegario Vázquez Aldir, ofreció 1,808 millones de pesos por la otra cadena y pretende cubrir al mismo número de personas.
"Así son este tipo de licitaciones. Las empresas pueden hacer ofertas mayores para evitar el riesgo de perder la licitación", dijo María Elena Estavillo, comisionada del IFT.
"Son dos posturas que confirman que el mercado está valorando muy positivamente este negocio. Están teniendo expectativas positivas sobre el negocio", abundó.
Las cadenas de TV Digital Terrestre (TDT) son obtenidas por un plazo de 20 años prorrogables, y tendrán 30 días naturales para realizar el pago, de acuerdo con las reglas del proceso.
En los primeros tres años deberán alcanzar al menos 30% de la cobertura  a la que se comprometieron y hasta 5 años para que el total.
Con esta decisión se busca aumentar la competencia en el sector, que por largo tiempo ha sido dominado por Televisa y Televisión Azteca.
"Se trata de un procedimiento inédito, que tiene por objeto lograr una mayor competencia y pluralidad en el sector de la radiodifusión en beneficio de las audiencias", dijo Gabriel Contreras.
"Son, sin ninguna duda, muy buenas noticias para México", agregó.
Las empresas podrán subarrendar el espectro ganado o explorarlo de manera directa.
El precio mínimo de referencia establecido en la base de licitación por cada una de las alternativas era de 830 millones de pesos y una cobertura mínima de 30% de la población en cada estado de la República.
Los ganadores se determinaron con base en una formula en la cual la oferta económica tenía un peso de 40% y la cobertura de 60%, precisó el organismo.
Grupo Radio Centro fue fundado por Francisco Aguirre Jiménez en 1952 y entre sus actividades principales está la producción y transmisión de programas musicales, de entretenimiento y noticias.
Cuenta con 15 estaciones de radio, 12 de ellas en la Ciudad de México además de una en Guadalajara, Monterrey y Los Ángeles.
Cadena Tres es parte de Grupo Imagen Multimedia de Grupo Empresarial Ángeles (GEA), propiedad de Olegario Vázquez Raña.
Este conjunto empresarial agrupa a medios como Excélsior, Excélsior TV, Imagen Radio, Reporte 98.5, además de varios sitios web.
México logra acuerdo automotriz con Argentina
·         El acuerdo bilateral a cuatro años permitirá el libre comercio de automóviles y autopartes por 575 millones de dólares en los primeros 12 meses, cifra que se expandirá en años siguientes, de acuerdo a Reuters.
EL ECONOMISTA/Luis Miguel González/Jueves 12 de marzo de 2015
México y Argentina alcanzaron un acuerdo para reactivar el comercio bilateral de automóviles y autopartes. En un primer año permitirá a México exportar productos por 575 millones de dólares, más un dólar adicional libre de impuestos por cada dólar que México importe de productos relacionados con vehículos ligeros y autopartes. A partir del segundo año, el cupo se incrementará, hasta llegar a 640 millones de dólares en el cuarto año.
“Conseguimos algo que permitirá en el corto plazo recuperar los niveles que tuvimos en 2011, que ha sido el punto más alto. Confío que en los próximos cuatro años lo superaremos”, dijo Francisco de Rosenzweig, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.
El nuevo acuerdo resuelve un conflicto que estalló en 2012, cuando Argentina suspendió unilateralmente el acuerdo, por serias diferencias con los funcionarios del gobierno mexicano, que encabezaba Felipe Calderón. Desde entonces México estableció un arancel del 20% para las importaciones del sector automotriz. El impuesto que impuso Argentina es del 35%.
Una cosa a destacar, dijo de Rosenzweig es que “hay un clima de entendimiento que permite pensar en colaboración y comercio en otros temas no relacionados con la industria automotriz, por ejemplo sector energético, colaboración científica y tecnológica”.
En entrevista con El Economista, el subsecretario reconoció que el comercio de México con América del Sur “está muy abajo del potencial. Son apenas 35 mil millones de dólares anuales. No refleja la importancia estratégica que esta región tiene para nosotros”.
El nuevo acuerdo fue alcanzado por Francisco de Rosenzweig y Horacio Cepeda, Secretario de Planeamiento Industrial del Ministerio de Industria argentino. La delegación mexicana incluyó a los representantes de la industria automotriz y de autopartes, Eduardo Solís y Oscar Albin, respectivamente.
Estuvieron también altos directivos de empresas como Ford, Nissan, General Motors y Volkswagen.
El acuerdo con Argentina complementa, en cierto sentido, el alcanzado con Brasil el fin de semana pasado. Se firmará el lunes de la próxima semana. El secretario Idelfonso Guajardo viajará a Buenos Aires para signar el documento.
El sector de autopartes crecerá 20% en tres años
·         Es el tiempo que las armadoras tardarán en tener más confianza en la proveeduría local.
EL ECONOMISTA/Xóchitl Larios/Jueves 12 de marzo de 2015
LEÓN.- En la región Bajío, particularmente Guanajuato, la proveeduría de autopartes crecerá hasta 20% en los próximos tres años, de acuerdo con estimaciones de Óscar Albín Santos, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA).
En México, el valor de la producción de autopartes asciende a 82,000 millones de dólares al año. De ese monto, 30% se factura en el Bajío.
Sin embargo, la demanda es mayor a la oferta nacional, por lo que se debe importar materia prima por una monto de 35,000 millones de dólares.
“Todavía tenemos una gran oportunidad de crecimiento, ocupamos el quinto lugar mundial de autopartes, pero todavía tenemos una gran tarea que hacer, que es eliminar o reducir esos 35,000 millones de dólares”.
La proyección de crecimiento se daría en un periodo de dos a tres años, que es el tiempo que se requerirá para que las armadoras tengan más confianza en los proveedores locales e inicie la producción de la segunda generación de automóviles.
El primer automóvil manufacturado por las armadoras que llegan al país se produce con el mínimo necesario de componentes nacionales, para cumplir con los contenidos regionales comprometidos.
Y es que, explicó, la fabricación de la segunda generación de Mazda y Honda va hacer que haya más proveedores en la región.
Estas armadoras están llegando con sus proveedores Tier 1, pero están gestándose los Tier 2 y con ellos los Tier 3, dijo en entrevista, luego de inaugurarse el Congreso Automotriz México, en esta ciudad.
Considerando la producción de motores y transmisiones, Guanajuato ocupa la sexta posición en la producción de autopartes, sin éstos, se posiciona en el tercer lugar como fabricante.
Camino por recorrer
Albín Santos abundó que aun cuando se proyecta un crecimiento de 60% en la producción de autos en México, que implica pasar de 3 a 5 millones al 2020, apenas representa 5% a nivel mundial.
Esta circunstancia no convence a los productores de autopartes en el extranjero para su arribo al país, porque no consideran significativa la cifra, de ahí que sean las empresas locales las que se deben sumarse a este proceso industrial.
“No hemos llegado ni siquiera al primer piso de un edificio de cinco, creo que hay mucho por crecer, mucho por consolidar, definitivamente necesitamos fortalecer esas cadenas de proveedurías como herramentales, acero, plásticos, pero todo irá llegando en su tiempo ”.
ECONÓMICAS

¿Qué hay detrás de la caída del peso mexicano?
·         Los especialistas no descartan que el tipo de cambio suba hasta los 16.25 pesos en los bancos; las subastas de Banco de México tienen un efecto limitado en el mercado.
CNNExpansión.com/Carmen Luna/Jueves 12 de marzo de 2015
La tendencia bajista del peso mexicano frente al dólar no solo obedece a la fortaleza del billete verde por la recuperación de la economía estadounidense, pues factores como la debilidad de México y la caída en los petroprecios también afectan a la moneda nacional. Destacan cuatro factores que han contribuido a que desde mediados de octubre de 2014 el peso haya perdido 13.28% ante el dólar y se cotice en los peores niveles de su historia.
1. Caída en los precios del petróleo
El desplome de 48% en el precio de la mezcla mexicana de petróleo en seis meses ha contribuido a acelerar la depreciación del peso debido a la alta dependencia de las finanzas públicas en esta materia prima. Esto llevó a la Secretaría de Hacienda a recortar el gasto público en 124,300 millones de pesos (mdp) para este año. “El precio del petróleo está en el suelo y con finanzas tan dependientes de este es un tema delicado”, comentó el director de operaciones de CM Derivados, Julio Chauvet, quien no descartó que en los siguientes meses el tipo de cambio spot rompa el techo de las 16.00 unidades por dólar, mientras que en bancos y ventanillas llegaría hasta 16.25 pesos.
2. Débil desempeño económico
“Se han moderado las expectativas de crecimiento tras el recorte [en el gasto público] y aunque el efecto es relativamente moderado se especula que pueda tener un mayor  impacto”, comentó el subdirector de estrategia de tipo de cambio de Casa de Bolsa Banorte-Ixe, Juan Carlos Alderete. Recientemente el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento económico para este año, a entre 2.5% y 3.5%, desde un rango de 3% y 4%. La caída en los precios del petróleo puede tener un efecto adverso sobre los flujos de inversión esperados por la reforma energética, pues los proyectos se vuelven menos rentables.
3. Reacomodo de portafolios
Ante la expectativa de que la Fed inicie con el aumento en su tasa de interés en junio, los inversionistas han trasladado sus recursos hacia mercados con mayores rendimientos y más seguros. Esto ha generado un menor apetito sobre todo en instrumentos extranjeros como los Cetes y de corto plazo. De acuerdo con cifras de Banxico, la tenencia de Cetes en manos de extranjeros disminuyó en 24,455 mdp en febrero.  Alderete subrayó que la tenencia de bonos de largo plazo en manos de extranjeros se ha mantenido constante pese a la fuerte volatilidad.
4. Incertidumbre por Europa
El estira y afloja entre el nuevo Gobierno de Grecia y las autoridades de la zona euro también se ha encargado de inyectarle inestabilidad a los mercados financieros. El Eurogrupo aprobó la lista de reformas enviadas por el equipo del primer ministro griego; sin embargo, de acuerdo con Banorte, en el corto plazo persistirá la incertidumbre sobre como el país heleno hará frente a sus gastos, teniendo en cuenta la caída de los ingresos tributarios
¿Y las subastas?

Los especialistas coinciden en que aunque la liquidez que inyecta Banxico con las subastas de dólares tiene un efecto psicológico positivo en el mercado, en el corto plazo el principal determinante de los movimientos en el mercado cambiario seguirá siendo la especulación relacionada a la política monetaria de la Fed. “El efecto directo de las subastas es mínimo porque el monto es pequeño respecto a lo que se opera”, comentó la analista de Monex, Daniela Ruiz. El Banco Internacional de Pagos ha indicado que el peso mexicano se ha convertido en parte del grupo de las 10 monedas más negociadas del mundo, y en 2013 su facturación llegó a 135,000 millones dólares.

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